El equipo del proyecto oblata Casabierta (Uruguay) fue convocado el pasado jueves ante la Cámara de los Diputados para participar en la redacción del Proyecto de Ley contra la Trata de Personas, después de que el año pasado ya participasen presentando el anteproyecto en el Senado uruguayo.
Sandra Ortiz, hermana oblata y parte del proyecto Casabierta, explica que “la iniciativa del Proyecto de Ley nace de la Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas, que está formada por diferentes ministerios del Estado, así como las organizaciones de sociedad civil que estamos autorizadas a participar dada la experiencia que tenemos en el tema o en el tratamiento de las víctimas”. Además, cuando es necesario, este grupo cuenta también con la ayuda de organizaciones internacionales, así como de consejeros o asesores. “Nosotras formamos parte de esta mesa interinstitucional que empezó a trabajar en el anteproyecto de ley hace dos años”, apunta Sandra. En 2017 la Organización Internacional para las Migraciones, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay, contrató como asesora a una abogada uruguaya especializada en trata, que junto con otros asesores internacionales redactaron la ley. “Para ello convocaron a organizaciones de sociedad civil que estamos atendiendo la problemática para que diéramos nuestra opinión acerca de los artículos de asistencia a las víctimas”, explica.
La trata en Uruguay
La situación de la trata en Uruguay está comenzando a abordarse por parte de las instituciones del país. “Aunque hay trata para explotación laboral, lo cierto es que la mayor parte es con fines de explotación sexual”, indica Sandra. “Hay un gran déficit en los presupuestos, por lo que no hay mucha gente capacitada para abordar el tema”, apunta. Y es que el equipo estatal que trabaja en ello está concentrado en la capital del país, desde donde asesora a los equipos territoriales. “Hasta marzo de 2018 y durante tres años hemos trabajado en la frontera con Brasil y Argentina capacitando personal de cada lugar local para que haya más gente capaz de abordar la problemática”, explica Sandra.
En Uruguay la labor de las Hermanas Oblatas se centra en la atención de mujeres adultas, si bien hay un equipo gubernamental que se ocupa de los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, con organizaciones de sociedad civil contratadas para atender esta realidad en menores. “La mayor parte del país no está sensibilizado y no ve la problemática tan claramente, recién se empieza a hablar del tema”, dice Sandra. “Los medios de comunicación no están versados en la temática y muchas veces hablan de trata cuando en realidad hay situaciones de tráfico de migrantes, entonces estamos muy al comienzo del tratamiento de la problemática”, subraya.
El ejercicio de la prostitución, reglado
En un país donde el ejercicio de la prostitución está reglamentado y en el que se habla de trabajo sexual, los casos de trata se detectan en el ejercicio del día a día, en el acompañamiento de las mujeres. “En el hospital donde las mujeres que ejercen la prostitución se van a controlar, ya que para ejercerla hay que cumplir una serie de requisitos sanitarios, hemos encontrado situaciones de trata que derivamos a nuestro centro para iniciar un proceso de acompañamiento”, indica. “Lo que hemos planteado ante los diputados y senadores es que, si bien hablamos de trata para la explotación sexual, tenemos que tener en cuenta que en el país la prostitución está reglamentada como trabajo, por lo que entendemos que las mujeres sufren dos tipos de trata: la explotación laboral y la explotación sexual”, apunta.
“En algunos casos hemos podido presentar denuncias sin que ellas fueran revictimizadas durante el proceso, mientras que en otros casos las mujeres no tienen tantos datos como para poder presentar detalles o pruebas para una denuncia”, explica Sandra. Otros modos en los que se acercan las victimas es por medio de la Asociación Internacional para las Migraciones desde donde se derivan casos que regresan de retorno al país o bien de extranjeras, así como, en menor parte, por medio de otros servicios de atención del Gobierno. “Otros casos surgen de la derivación de otras instituciones, que pueden ser de la provincia en la que estamos o del resto del país. En muchos casos nos derivan mujeres que no han sido detectadas como víctimas de trata y al hacer el acompañamiento encontramos qué situación está viviendo”, explica. También reciben casos a través del juzgado, como por alguna situación que vive la mujer con sus hijos en el que se solicita que se haga un proceso de acompañamiento psicosocial, y es ahí donde se detecta cuál es su realidad. Por otra parte, la trayectoria de tantos años trabajando con mujeres en contexto de prostitución promueve el boca a boca entre ellas mismas, y es así es como también llegan casos de trata para explotación sexual.
